La polémica en torno a la Ley de Seguridad Interior

La polémica en torno la Ley de Seguridad Interior toca puntos variados, desde los derechos humanos hasta la confianza de la población.

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La Ley de Seguridad Interior (LSI) comenzó desde el año pasado una ola de discusiones. El objetivo de la norma es definir la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad del país, y desde su aprobación el pasado 15 de diciembre diferentes impugnaciones han sido presentadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Seguridad pública, nacional o interior?

Las agrupaciones que alzaron la voz en contra de la Ley de Seguridad Interior comenzaron un debate centrado principalmente en el concepto de seguridad interior. Algunos la catalogan como parte de la seguridad pública y otros la colocan dentro de la categoría de seguridad nacional.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la diferencia entre la seguridad pública y la nacional es que la primera es responsabilidad de la Federación, los estados y los municipios para cuidar la integridad y los derechos de las personas, así como mantener las libertades, el orden y la paz públicos. Por otro lado, la seguridad nacional es exclusivamente responsabilidad de la Federación para mantener la integridad y la permanencia del Estado.

El doctor en Filosofía Política Rodrigo Soto-Morales, profesor asociado en la Universidad Panamericana que imparte la materia de Derecho de la Seguridad Nacional, menciona en el contexto actual, que la seguridad interior sí es un asunto de seguridad nacional. Esto debido al incremento del crimen organizado.

“Es un problema que pone en entredicho las instituciones del estado y la soberanía (…). Las condiciones políticas y sociales, desde mi perspectiva, sí justifican que se vea el problema como un tema que amenaza la seguridad nacional”, explicó el también miembro de la Barra Mexicana de Abogados.

Por otra parte, el licenciado Gildardo López Hernández, presidente de la Comisión Organizadora Electoral (COE) del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la delincuencia organizada se desató a tal grado que dejó de ser solo un asunto de seguridad pública.

“El problema fue creciendo y la solución no, se le quiso dar una solución típica a problemas atípicos, se quiso tratar el tema de los inicios del narcotráfico (…) como un problema de seguridad pública, y ya era un problema que había rebasado fronteras estatales e incluso nacionales”, manifestó el abogado.

Sobre las causas que alimentaron este flagelo, Soto-Morales dijo que hay posturas que señalan al Estado mismo como el culpable cuando se trata de un problema que también le compete a los gobiernos a nivel estatal y municipal.

“El tema de seguridad pública es responsabilidad de cada parte integrante de la federación, entonces, el que debió haber previsto, haberse adelantado y haber reaccionado a tiempo no es el gobierno”, explicó el académico. “La Federación va a ayudar tanto como sea necesario a un estado, pero cada estado va a hacer todo lo que le sea posible para cumplir sus propias responsabilidades”, continuó.

El resultado de una población desconfiada

Otro factor que incidió en la polémica de la LSI es el alto nivel de desconfianza que existe por parte de la población hacia las instituciones mexicanas coinciden ambos expertos.

De acuerdo con el estudio de opinión pública aplicado en 18 países de América Latina, Latinobarómetro, en México hay solo 51 por ciento de confianza en las Fuerzas Armadas y un 21 por ciento en el gobierno.

En consecuencia, agrupaciones y ciudadanos tuvieron una reacción de alarma al ser aprobada la Ley de Seguridad Interior.

“El presidente, desde el artículo 89, fracción sexta, de la Constitución, siempre ha tenido la facultad para intervenir con amplio margen de discrecionalidad en temas de seguridad nacional, lo que pasa es que detrás de esos cuestionamientos hay una gran desconfianza en el Poder Ejecutivo” esclareció Soto-Morales miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA).

“Por más leyes específicas que tengamos, si (…) las autoridade no tienen autoridad moral, no solo oficial, difícilmente la población va a acoger de buena gana las reformas que quieras en el ámbito que quieras”, concluyó.

Dicha desconfianza ha aumentado tras un año lleno de escándalos de corrupción por parte de gobernadores y otros funcionarios públicos en México.

Entre los actores cuestionados por la población se encuentran los policías, quienes según López Hernández son más fáciles de corromper por el crimen organizado debido a su limitada preparación y bajo sueldo.

Sobre este tema el doctor Soto-Morales señaló que la misma corrupción practicada por gobernadores e instituciones estatales y municipales son parte de la raíz de la corruptibilidad en las fuerzas del orden.

“Para hacer una labor de seguridad necesitas contar con la capacidad financiera necesaria, (…) para tener unos sueldos competitivos que hagan menos corruptibles a los agentes de seguridad local”, indicó. Los policías, comparó, a diferencia de las Fuerzas Armadas, no cuentas con una banca de desarrollo, o de planes de seguridad sociales que les garantice vivienda, educación y salud.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por otra parte, ha dejado claro que los abusos y violaciones cometidos por parte de las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía son de suma preocupación.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre enero de 2012 y agosto de 2016 hubo 29 sentencias finales de las 5,541 investigaciones registradas por la CNDH y las 284 investigaciones registradas en la Procuraduría General de la República (PGR) de violaciones y delitos cometidos por la Secretaría de Marina (SEMAR) y  la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

“Si hay instituciones en este país que no nos han dado motivos para desconfiar y que siempre nos ha dado motivos en el balance general para confiar son las Fuerzas Armadas”, contrargumentó el doctor Soto-Morales. “Estamos hablando de casos concretos sobre sujetos concretos, no de la institución, y no podemos cometer el error intelectual que con frecuencia se comete, que es tomar la parte por el todo y eso nos lleva a valoraciones injustas”.

LSI en los medios

Tanto López Hernández como Soto-Morales señalaron que en general los medios de comunicación presentaron una postura sesgada en contra del proyecto de la LSI. El segundo opinó que han informado sobre la labor de las Fuerzas Armadas con un enfoque negativo que no permite que la población juzgue la situación con base en una postura objetiva.

“Las personas que estamos a favor de la Ley de Seguridad Interior y de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no hemos sido tan resonantes en medios como los que se oponen”, comentó por otra parte el abogado panista.

Agregó que el Estado no fue capaz mediáticamente de construir una argumentación sólida y simple que la población pudiera comprender.

¿Adversarios de la ley?

Entre los organismos y figuras públicas que han alzado la voz en contra de la LSI están el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  Asimismo, los colectivos Seguridad Sin Guerra y Mexicanos Primero apoyaron el movimiento en contra de la ley.

Se podría pensar que las impugnaciones por inconstitucionalidad son un obstáculo para la aplicación de la norma, sin embargo el doctor Morales Soto señaló lo contrario.

“Yo creo que el proceso de impugnación es positivo porque no solo nos va a dar un mejor resultado técnico, sino que también aparejado trae una sociabilización de la misma (ley), y es propio de una democracia que tengamos instituciones que nos ayuden a canalizar las posturas encontradas”, opinó.

Asimismo, el profesor de posgrado en Derecho Aeronáutico y Derecho de la Seguridad Nacional confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé una interpretación justa y eche abajo la ley por la necesidad que él considera que tiene el país por implementarla.

Mencionó que los procesos de impugnación son la forma reglamentada, civilizada y razonable de tratar opiniones encontradas al respecto de una ley. La SCJN se encargará de determinar los puntos que posean una inconstitucionalidad y una vez que esto se anuncie, el presidente Enrique Peña Nieto dará luz verde para que la norma entre en vigor.

Este mes, el alto comisionado de la ONU, Zais Ra’ad al Hussein, anunció también su preocupación con respecto a la Ley de Seguridad Interior. El motivo de su consternación es que la ley autorice que las Fuerzas Armadas actúen en ámbitos de seguridad pública sin las garantías, ni la supervisión adecuadas. Asimismo, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la ley no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, respondió al comisionado que espere a la resolución de la SCJN para que no adelante su posición con respecto a la LSI.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la

LSI fue denunciada por 28 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, América Latina y Europa. Indicaron que la ley solo empeorará la situación de violencia en México.

Elizabeth Téliz Martínez

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